El ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, presentó ante el pleno Legislativo el proyecto de ley que regula la Carrera Administrativa. Esto, luego que el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizara la presentación de esta iniciativa.
El documento presentado fue ampliamente consultado con instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de la Presidencia.
"El proyecto presentado, tiene entre sus aspectos más relevantes el regular de una manera más eficaz lo relativo al ascenso y movilidad laboral de los servidores públicos a través de un procedimiento especial que cobra nuevamente vigencia y es regulado científicamente", explicó el ministro.
También se integra el beneficio de la lactancia materna para las servidoras públicas.
La iniciativa ha sido concebida como un proyecto de Estado, focalizada en la profesionalización de la función pública, en aras de modernizar la gestión gubernamental de recursos humanos en beneficio de todos los panameños.
Es una propuesta técnica, elaborada sin banderas políticas qué se somete ante la Asamblea Nacional donde será ampliamente discutida desde el primer debate en el que los interesados podrán participar con sus aportes enriqueciendo y fortaleciendo el documento.
El proyecto de ley que establece y regula la Carrera Administrativa con el fin de hacer de esta norma una herramienta jurídica ordenada, de fácil entendimiento y aplicación, tanto para las autoridades nominadoras como para las oficinas institucionales de recursos humanos y los servidores públicos al servicio del Estado, para lograr una gestión pública que esté condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio público.
Mediante esta iniciativa se pretende acreditar a 48 mil servidores públicos a la Carrera Administrativa, beneficiando a funcionarios de varias entidades del Estado.
La carrera Administrativa nació a través de la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que establece y regula los derechos y deberes de los servidores públicos.
